La Ucrania de América Latina

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Según todos los indicios, la comunidad internacional se ha resignado a la “apropiación de territorio” de Crimea, como la ha llamado el Vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por el Presidente de de Rusia. Una vez que Putin decidió asumir las consecuencias de sus actos, poco era lo que podían hacer los Estados Unidos, la Unión Europea o las Naciones Unidas.

Entretanto, América Latina esta experimentando el problema opuesto. Aunque los países de la región tienen los medios para detener la cada vez mayor catástrofe política, económica y de derechos humanos en Venezuela, carecen de la voluntad, mientras que la atención del resto del mundo centrada en Ucrania ha eliminado toda posibilidad de que se los presione para que actúen.

En Ucrania, los EE.UU. y la UE parecen haber decidido adoptar una vía de acción sensata –o, mejor dicho, una doble reacción realista– que probablemente no dará resultados espectaculares, pero, desde luego, es preferible a la pasividad.

En primer lugar, las sanciones impuestas hasta ahora –anulaciones de visados, incautaciones o congelaciones de activos y similares– no devolverán Sebastopol a Ucrania, pero con el tiempo harán mella al menos en algunos sectores económicos rusos. No se puede predecir si unirán a los oligarcas o los dividirán ni si los obligarán a sacar su dinero de Rusia o a llevarlo de vuelta a su país.

Pero la incertidumbre es mucho mejor que la aquiescencia informada. Ahora mismo no hay, sencillamente, otras opciones posibles y aplicar toda la panoplia de sanciones desde el principio dejaría a la UE y a los EE.UU. sin opciones para el futuro.

En segundo –y mucho más importante– lugar, se ha dirigido al Kremlin un tácito ultimátum antiapaciguamiento: una mayor expansión en Ucrania provocará sanciones mucho más graves y duras. Puede que dé resultado o no, pero las decisiones y los anuncios al menos tienen el mérito de existir y, por tanto, demostrar la disposición del G-7 y otros a aplicar los principios y los valores con los que Rusia está, en teoría, comprometida. Está claro que las democracias del mundo carecen de posiciones perfectas, dada la renuencia, eminentemente razonable, de todo el mundo a recurrir a la fuerza.

En vista de la ubicación, la historia y las consiguientes posibilidades de conflictos, no es de extrañar que la comunidad internacional haya prestado una mayor atención a la crisis en esa zona que al desastre que está desarrollándose en Venezuela, pero no es apropiado. Los acontecimientos recientes habidos en Venezuela entrañan tantos peligros y consecuencias perversas e imprevistas como los de Ucrania y la comunidad internacional, además de la mayoría de las democracias latinoamericanas, deben prestarles mucha más atención.

Para empezar, hay que tener en cuenta la seguridad energética. Venezuela tiene unas de las mayores reservas de petróleo y de gas del mundo y es una importante exportadora (aunque menor que hace diez años) y, para bien o para mal, es una proveedora fundamental para algunos países.

Casi todo el Caribe, la América central y algunos puertos estadounidenses del golfo dependen del petróleo crudo venezolano, con poco azufre, para sus centrales eléctricas, refinerías y condiciones de la balanza de pagos. Cuba es el caso más dramático. Sin el petróleo venezolano subvencionado y las enormes sumas pagadas a cambio de los servicios prestados por los médicos de los Castro –algunos excelentes, otros fraudulentos–, la economía de la isla se hundiría, lo que causaría una oleada de cubanos que huirían, como ha ocurrido repetidas veces a lo largo del pasado medio siglo. Ahora bien, esta vez las consecuencias para Florida y México podrían ser más graves que en las anteriores.

Pero lo que ocurre en Venezuela importa también por otras razones. La represión selectiva, el encarcelamiento de dirigentes de la oposición, la censura de la prensa, la escasez de productos, la inflación y la violencia injustificada –Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo– han creado una situación que parece insostenible a medio plazo.

Las duras medidas económicas y de seguridad que Venezuela necesita para superar su  desastre actual no se pueden aplicar sin alguna forma de consenso, lo que requiere el fin de la represión y de la polarización. Lamentablemente, nada de eso parece probable, si se deja exclusivamente en manos de los venezolanos, que en los quince últimos años han fracasado repetidas veces a la hora de encontrar soluciones para sus dilemas. Algunos han propuesto una mediación papal, otros han propugnado la intervención de un grupo de ex presidentes latinoamericanos.

El problema estriba en que ningún gobierno latinoamericano, con la excepción del de Panamá, quiere mancharse las manos. Los tres que cuentan por su tamaño –la Argentina, el Brasil y México– temen las consecuencias: el Brasil, que sus empresas pierdan contratos; México, que los venezolanos financien la oposición a sus reformas energéticas; y la Argentina, la de perder un aliado que sabe demasiado.

Los otros dos países que podemos considerar relevantes –Colombia y Chile– se niegan a verse involucrados por diferentes razones. Colombia necesita la cooperación del Presidente Nicolás Maduro para sostener las negociaciones con las guerrillas de las FARC; la nueva Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, siempre ha tenido debilidad por el “chavismo” y sus payasadas.

En el caso de Crimea, las muertes de centenares de manifestantes en Kiev y la posible apropiación por Rusia de la Ucrania oriental han puesto en entredicho principios como el de no intervención. En América Latina, no: aún se considera que el del número de estudiantes de Venezuela asesinados por grupos militares patrocinados por el Gobierno  es un asunto que sólo incumbe a los venezolanos, pese a que este país es parte en todos los instrumentos regionales de legislación internacional sobre los derechos humanos. Y ninguna mediación exterior es viable sin un mínimo de censura o critica al extremismo de Maduro, si bien la oposición tiene también su parte de culpa, por las posiciones radicales y a veces subversivas de algunas de sus facciones.

Paradójicamente, mientras que las potencias occidentales probablemente estén impotentes respecto de Ucrania, los protagonistas de América Latina podrían ejercer una gran influencia en Venezuela. Las sanciones económicas en Rusia pueden llegar a hacer mella y el Kremlin puede desistir de perpetrar una mayor invasión, pero a corto plazo la crisis ucraniana no se verá afectada por una involucración exterior. En Venezuela, el peligro es igualmente grande para todo el mundo y abordarlo es mucho más barato y fácil, pero, para hacerlo, hace falta aquello de lo que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos carecen gravemente: lucidez y valor.

Proyect Syndicate ©

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